¿La justicia dominicana tiene sus hackers favoritos?

Durante meses circularon por todas las redes sociales, programas de televisión y diversas páginas webs,  capturas de pantalla de algunas conversaciones por correo electrónico entre nuestra actual primera dama Dra. Margarita Cedeño de Fernández  y su amiga Rosa Hernández de Grullón, esposa del señor Manuel Alejandro Grullón, Presidente del Banco Popular Dominicano. 

Un tiempo después, representantes del Ministerio Público allanaron la casa y oficina del "periodista" Guillermo Gómez buscando las pruebas del delito, conocido vulgarmente como hackeo, cometido contra la Dra. Margarita Cedeño. Reteniendo varios artículos electrónicos, computadores y servidores, más no apresando a nadie en particular. 

En los últimos meses, el estado dominicano fue victima de delitos informáticos más sofisticados, sin embargo menos invasivos a la privacidad. Por un grupo que se autodenominaba Anonymous RD, miembros de una celda de Anonymous y cuya vinculación con el grupo de hackers internacionales aún no está demostrada. Lo demostrado es que manejaban varias cuentas de twitter donde se adjudicaban públicamente el mérito de dejar importantes páginas webs de empresas estatales fuera de circulación por varias horas.  

Todavía nuestras autoridades no han querido podido demostrar quienes fueron los autores intelectuales y materiales de tan grave delito como lo fue violentar la privacidad de la primera dama accediendo a su correo electrónico y divulgando sus conversaciones. 

En el caso de las páginas gubernamentales dejadas fuera de servicio, la respuesta de las autoridades para encontrar a los hackers, autores intelectuales y materiales del delito, fue rápida. Allanando residencias de los jóvenes sin mostrar la orden del juez a sus padres, rompiendo puertas y violando en algunos casos los derechos fundamentales de los acusados, algunos de ellos todavía menores de edad.  Pero ya una jueza dictó 4 meses de cárcel como medida de cohesión impuesta a los acusados. 

 Tomando en cuenta que el delito de inhabilitar páginas del estado, es tan penable como el delito contra la privacidad de la primera dama de cualquier nación, ¿por qué el Ministerio Público no trata ambos casos con la misma rigurosidad por aplicar la ley con rapidez, interés y transparencia?. 

Si la justicia dominicana tiene sus hackers y violadores de la ley favoritos, a los que no persigue ni juzga, la democracia nacional está corriendo grave peligro.

Quien escribe no justifica las actuaciones de AnonymusRD y mucho menos pretende que el delito cometido (de encontrarse pruebas contundentes de que hubo alguno), les sea perdonado. Simplemente me apego a una frase de la metodología básica para la equidad en la resolución de conflictos, desarrollada por el merenguero dominicano Manny Rivera, alias Tulíle: "O guayamos tó, o me llevo el coco".